Estudio completo de la acciónegatoria desde una perspectiva sustantiva y procesal, ya se interponga paraegar derechos reales (típicamente, de servidumbres), ya ante inmisiones. Para ello, se acude con frecuencia al elevadoúmero de sentencias que se maneja (400 resoluciones).–Aborda todo el régimen jurídico de la acciónegatoria; especialmente pertinente alo haber regulación legal específica.–Contiene un abundante aparato jurisprudencial.

Análisis dedicado a abordar con rigor los problemas que plantea la IA y otras tecnologías disruptivas como los coches autónomos, blockchain, los smart contracts o las herramientas legaltech, la responsabilidad civil, la telemedicina, la protección de los derechos, los aspectos de propiedad intelectual e industrial, laormativa y lasovedades reguladoras previstas.–Inteligencia artificial, tecnologías disruptivas y sector privado.–Inteligencia artificial, tecnologías disruptivas y sector público.–Cuestiones generales y retos comunes que plantea a la sociedad el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas.Prólogo a cargo de Moisés Barrio Andrés.

La obra analiza los procedimientos derivados de la aplicación de los tributos, de la revisión de los actos tributarios, y de la imposición de sanciones tributarias. En ella se exponen, con una continua referencia a la jurisprudencia, las dos últimas grandes reformas efectuadas con carácter general en el ámbito tributario: la de la Ley 11/2021 y la de la Ley 13/2023.–Trata de forma completa y actualizada los procedimientos tributarios de carácter general.–Se analiza y comenta la incidencia que en los procedimientos tributarios tienen las reformas efectuadas por la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y por la Ley 13/2023, de 24 de mayo, que modifica la Ley General Tributaria, la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otrasormas tributarias–La obra analiza y comenta la última jurisprudencia dictada sobre cada una de las instituciones que se tratan.

Se aborda la regulación de los contratos electrónicos (click-wrap) en el ámbito internacional y en concreto la relación entre la reglamentación de diferenteaturaleza de las fases de la contratación electrónica con CGC.Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

Como sabemos, el conflicto en las relaciones laborales es un ingrediente consustancial a las mismas, dese antes incluso delacimiento del Derecho del Trabajo. Con esta idea, cuando tratamos el acceso a la justicia debemos comprender todas las fórmulas previstas en Derecho, tanto las extrajudiciales como las judiciales dentro del proceso. El objetivo de este estudio es analizar y evaluar de manera crítica las distintas vías de introducción de la mediación en conflictos individuales de trabajo en España. Los resultados obtenidosos muestran que seguimos recurriendo al juzgado para la resolución deuestros conflictos. Sin embargo, el cambio de paradigma que supone que las partes de una controversia participen de su solución es ya imparable. Aún así, la aportación de instituciones internacionales,acionales y autonómicas para introducir la mediación en conflictos de trabajo está teniendo un alcance exiguo en términos generales.Se evidencia queo existei regulación específica,i planificación estructural aivelacional,i si quiera autonómica,i financiación mínima garantizada que asegure un óptimo funcionamiento estructurado. Finalmente, se pone de manifiesto laecesidad de lograr una coordinación estratégica de recursos personales y materiales única que evite duplicidades, creando un centro de mediación laboral que garantice las mismas oportunidades de obtener una solución a los conflictos laborales de las personas trabajadoras, sean de la comunidad autónoma que sean.Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

–Contenido práctico–Análisis sistemático de la ley procesal social:Parte general.El proceso ordinario.Modalidades procesales.Medios de impugnación.Ejecución de sentencia.

Comentario artículo por artículo de la Ley de Defensa de la Competencia existente en la actualidad. Los autores son abogados en ejercicio, magistrados, funcionarios de la Comisiónacional de los Mercados y la Competencia y profesores universitarios.–Exhaustividad: se comentan individualmente todos los preceptos de la Ley actualizada con las modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2021 y el Real Decreto-Ley 5/2023.–Incluye la sentencia del Tribunal Supremo de junio 2023 sobre cálculo de daños en ilícitos concurrenciales.–Incorporaumerosas Resoluciones de la Comisiónacional de los Mercados y la Competencia y Sentencias de los Tribunales de Justicia dictadas desde la edición anterior.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria es unama básica deuestro ordenamiento jurídico y es laorma principal en el ámbito tributario.La Ley General Tributariao puede entenderse sin los reglamentos que la desarrollan en los ámbitos de gestión, inspección, recaudación, sanción y revisión.El presente Código incluye el texto de la Ley General Tributaria y el texto de todos los reglamentos de desarrollo. A través de un completo conjunto de concordancias e índices se interrelacionan los distintos textos para facilitar la localización de los artículos conexos. Junto a ello, las anotaciones y las citas jurisprudenciales facilitan la interpretación de los artículos.Se trata de una obra muy útil y una herramienta imprescindible para todos los profesionales y estudiosos del ámbito tributario.Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

En los últimos años el problema central del derecho urbanístico es la fragilidad del planeamiento urbanístico ante el control de la jurisdicción contencioso-administrativa (se habla del drama del planeamiento), que determina laulidad de pleno derecho ante cualquier vicio formal o material. A ello debe unirse la expansión del control de la jurisdicción penal al hilo de los delitos de prevaricación urbanística. El caos que la anulación de los planes produce sobre los propietarios y los inversores transcurridos muchos años desde su aprobación es dantesco, cuestionándose la existencia de una mínima seguridad jurídica.La respuesta de la doctrina administrativa a este fenómeno ha sido, mayoritariamente, cuestionar laaturaleza reglamentaria de los planes para evitar o disminuir el alcance del control judicial.Frente a ello el enfoque adecuado debe optar por potenciar la figura de la suspensión cautelar de los instrumentos de planeamiento, evitando que los planes desplieguen transitoriamente sus efectos antes de ser finalmente anulado. La consideración de la tutela cautelar como una faceta del derecho a la tutela judicial efectiva requiere replantearse esta figura en una doble dirección. De una parte, identificando los supuestos donde la jurisdicción accede a la suspensión cautelar del plan, vinculados en su mayor parte con la prevalencia de la tutela del medio ambiente y la protección del patrimonio histórico, en cuanto bienes colectivos, frente a la presunción de validez del plan. Tal análisis se realiza tanto sobre la ley jurisdiccional de 1956 como de la vigente ley de 1998. De otra parte, reconstruyendo el proceso de decisión del órgano judicial, evitando su consideración como una simple manifestación del arbitrio judicial y anclándola en la técnica de la ponderación de bienes y derechos.Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

El incremento de la actividad de las organizaciones internacionales, claves en la promoción, protección y desarrollo de los derechos humanos, provoca que sean susceptibles de poder ellas mismas vulnerar derechos de terceros. Ante demandas de esos terceros reclamando ser compensados, la respuesta que tradicionalmente han venido dando las organizaciones internacionales es el ampararse en su inmunidad, cuyo fundamento es diferente del que justifica la inmunidad de los Estados. Actualmente, la inmunidad es mayoritariamente objeto de una interpretación restringida funcional que, superando la distinción entre actos de iure imperii y de iure gestionis propia de los Estados, sólo justifica que se obstaculice el acceso a la justicia cuando ello seaecesario para el cumplimiento de los fines de la organización internacional y sea proporcional, lo que suele conllevar la exigencia de que la organización cuente con mecanismos alternativos de resolución de controversias. Aunqueo existe una codificación general del régimen de inmunidades de las organizaciones internacionales, sí hay reglas específicas aplicables a ciertas organizaciones como lasaciones Unidas o la Unión Europa, junto aormas en los ordenamientos internos y decisiones de Tribunales internacionales yacionales.En Estados Unidos, la Corte Suprema ha zanjado un debate de décadas sobre si les resulta aplicable a las organizaciones internacionales un régimen de inmunidad absoluta o si procede la equiparación de las mismas con los Estados lo que abocaría a una inmunidad restringida en la que sería preciso distinguir entre los actos de iure imperii y de iure gestionis. En su Sentencia del caso Jam contra Corporación Financiera Internacional, la Corte Suprema entiende aplicable a las organizaciones internacionales el régimen de inmunidad restringida de los Estados, lo cual ha sido un importante paso pues acaba con la concepción absoluta de las inmunidades, pero ha abierto una serie de interrogantes que permiten aventurar un período de incertidumbre cuya superación parece requerir cambiosormativos.En España, la remisión que lasormas procesales hacían en bloque a las reglas de Derecho Internacional sobre inmunidades provocó dificultades interpretativas, dada la complejidad de esta materia, y pronunciamientos judiciales contradictorios e incluso abiertamente contrarios a las obligaciones asumidas en el plano internacional por el Reino de España. En todo caso, fruto de la construcción jurisprudencial y de la doctrina del Tribunal Constitucional se había asentado mayoritariamente una concepción restringida de la inmunidad. La Ley Orgánica 16/2015 ha tratado de aclarar el panoramaormativo del régimen de inmunidades. Así como para los Estados laorma se centra en incorporar al ordenamiento interno las disposiciones de la Convención deaciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales del Estado y de sus bienes, de 2004, en el caso de las organizaciones internacionales el régimen primario es el previsto en los acuerdos multilaterales o bilaterales suscritos por España, lo cual sitúa el foco tanto en los Convenios aplicables a determinadas organizaciones -caso de las pertenecientes a la familia deaciones Unidas- como en los acuerdos de sede. Subsidiariamente en defecto de acuerdo, el régimen de inmunidad se basa en una concepción funcionalista que sólo la acepta si esecesaria para el cumplimiento de los fines de la organización y que, en todo caso,o es aplicable a las controversias laborales o las de Derecho Privado salvo que la organización acredite disponer de mecanismos alternativos de solución de controversias. Los primeros pronunciamientos judiciales dictados tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 16/2015 revelan un preocupante desconocimiento de los principios y reglas de inmunidad contenidos en la misma.Así como en el caso de daños o perjuicios ordinarios producidos por la actividad de la organización, habrá de estarse primeramente al régimen de inmunidades aplicable a cada organización internacional y, según establecen tanto laormativa interna estadounidense como la española, sólo en defecto de dicho régimen específico, será aplicable el Derechoacional, se plantea la cuestión de si la violación grave de derechos humanos por parte de una organización internacional debería hacer decaer su inmunidad, incluso aunque la misma hubiera sido reconocida convencionalmente por el Estado ante cuyos Tribunales civiles se plantea una demanda contra la misma. Esta cuestión es consecuencia del debate actualmente presente en la comunidad jurídica internacional sobre el conflicto entre lasormas de ius cogens -que requieren la protección de los derechos humanos- y unaorma dispositiva como es la de la inmunidad de los Estados. A pesar de que la tendencia jurisprudencial mayoritaria ha rechazado en los últimos veinte años que dicho conflicto deba ser resuelto enervando la inmunidad estatal, tanto ciertos pronunciamientos judiciales como avances en algunaormativaacional, junto a una creciente presión doctrinal,hacen prever que la cuestión en breve podría estar lo suficientemente madura como para que pueda llegar a reconocerse el derecho de las víctimas a acceder a los Tribunales para verse compensadas por los Estados aunque éstos tuviesen reconocida convencionalmente la inmunidad. En el caso de las organizaciones internacionales existen argumentos adicionales que permiten entender que dicho paso en favor de la tutela judicial también se producirá en breve.Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.