Presentamos el Código Básico de la Ley de la Jurisdicción Social actualizado a marzo de 2024.
En esta edición debemos hacer especial mención a las cuatro reformas operadas en la norma rituaria social en los dos últimos años.
Así en el año 2022, la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, modificó con efectos desde el 23 de diciembre de 2022, el art. 43.4 y la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del art. 3, en su redacción dada por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por Sentencia 145/2022, de 15 de noviembre.
En el año 2023, por la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que reforma el art. 148, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que modifica el art. 17 , por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, que modifica los arts. 83, 108.2, 122.2 y 225 y añade el 225 bis, por ende la reforma introducida por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en cuyo Título VIII del Libro I, regula las Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y, en lo concierne a la ley de la jurisdicción social, el art. 104, que afecta a 33 de sus artículos, con entrada en vigor el día 20 de marzo de 2024.
Este Código ofrece la versión actual y vigente de la norma procesal, con reseña de todas sus modificaciones, y un índice analítico, por lo que constituye la herramienta útil que los operadores jurídicos especialistas en materia laboral necesitan en su día a día.

Presentamos el Código Básico de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa actualizado a marzo de 2024.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ha superado los 25 años de vigencia, durante los cuales se ha visto afectada por diversas reformas. Algunas de gran calado, como lo fue la reforma para la agilización procesal del año 2011 o, más cercana en el tiempo, la instauración de un nuevo sistema de casación en 2015. En los dos últimos años también ha sufrido modificaciones:
Así, en el año 2022, tuvo 4 reformas, la efectuada por la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación , que modificó los arts. 19.1 y 60.7, la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), la letra b) del apartado 1 del artículo 12, la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas los arts. 127 ter.6 y quater.1 y 2, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, el art. 10.1 y la disposición adicional 4.5 y la última del año llevada a cabo por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, los arts. 19 y 60.
En el año 2023, ha experimentado cuatro reformas. Primero, la producida por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, segundo, por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tercera por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, con la reforma de los arts. 37.2 y 56.5 se fomenta y amplía el ámbito de los denominados ?pleitos testigos", y los arts. 88.3.b), 89.5, 90.1, 90.3.a) y 94), todos ellos de reforma de recurso de casación contencioso-administrativo y la cuarta por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en cuyo Título VIII del Libro I, regula las Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y, en lo concierne a la ley jurisdicción contencioso-administrativa, el art. 102, afecta a 32 artículos, con entrada en vigor establecida para el día 20 de marzo de 2024.
Este Código ofrece la versión actual y vigente de la norma procesal, con reseña de todas sus modificaciones, y se acompaña de un útil índice analítico.

Presentamos el texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal totalmente actualizado a marzo de 2024.
Incluye las últimas reformas llevadas a cabo en su articulado debiendo hacer especial mención a las efectuadas en los dos últimos años.
Durante el año 2022, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, con efectos desde el 7 de octubre de 2022, ha modificado los arts. 13, 112, 544 bis, 681.3 y 709, más conocida, pero mal llamada ?ley del sólo sí es sí?.
Por lo que respecta a las reformas operadas en 2023, citaremos efectuada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que modifica los arts. 132, 173, 178 a 181 y 189 bis, reformando la ?ley del solo sí es sí?, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (SP/LEG/40580), reformando las causas de suspensión del juicio y del recurso de casación penal, arts. 746, 855, 858, 882 y 889, con efectos a partir del 29 de julio de 2023 y la más reciente el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo , en cuyo Título VIII del Libro I, regula las Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y, en lo concierne a la ley procesal penal, el art. 101, actúa sobre diez de sus preceptos ?los arts. 109, 252, 258 bis (que se añade), 265, 266, 512, 514, 643 743 y 954?, con entrada en vigor establecida para el día 20 de marzo de 2024.
Este Código ofrece la versión actual y vigente de la norma procesal, con reseña de todas sus modificaciones, y un útil índice analítico.

La presente obra Reforma de la Ley 36/2011 de la Jurisdicción Social por el RDL 6/2023: esquemas, análisis prácticos y preguntas y respuestas centra el estudio de la reforma procesal en el orden social con el fin de ser una herramienta útil para quien la consulte. Siguiendo el orden de la norma, se realiza una visión práctica desde el inicio, comenzando cada apartado con la presentación del esquema correspondiente, continuando con el análisis práctico de la materia objeto de estudio y finalizando con un apartado de preguntas y respuestas, atendiendo a cuestiones resueltas en nuestros tribunales. Este último apartado recoge un compendio de 410 preguntas en el que se da respuesta tanto a dudas procesales como sustantivas.
El estudio de esta reforma que afecta a nuestra norma procesal se hace con el ánimo de tener un enfoque eminentemente práctico, facilitando la labor diaria del profesional y del resto de operadores jurídicos al abordar una materia en constante evolución.

Presentamos la guía práctica definitiva para encontrar precedentes judiciales favorables en 85 asuntos concretos de peticionarios de protección internacional, en su vertiente de asilo.
Una obra ágil que se ordena por los supuestos que dan soporte a esta petición, y, dentro de cada uno, dispuestos por el país de origen del solicitante.
Una herramienta imprescindible para el letrado que se aproxima por primera vez a esta materia, pero también para el abogado que ya dispone de experiencia en la tramitación de protecciones internacionales.

Aunque en estos dos supuestos han existido reformas legislativas que han agilizado tanto la citada instalación de este servicio común de interés general, como la supresión de barreras arquitectónicas, no dejan de ser unas de las cuestiones más conflictivas en las Comunidades de propietarios.
¿Se debe computar el voto de todos los propietarios incluidos, los de locales que no se van a beneficiar de este nuevo servicio?, ¿quién está obligado al pago de los gastos que se generen?, ¿se puede modificar el sistema de reparto?, en este caso, ¿qué acuerdo sería preceptivo?, ¿qué servidumbres o limitaciones de propiedad serían procedentes?, y en estos supuestos, ¿cuál sería la indemnización correspondiente?, ¿quiénes están obligados al pago?, ¿procede la exoneración?, ¿cuándo y cómo está la Comunidad obligada a la supresión de barreras arquitectónicas?
En este estudio de jurisprudencia podrán comprobar la respuesta de los Tribunales a todos estos interrogantes.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Quorum para la adopción de obras realizadas por los propietarios en elementos comunes, ¿computa el voto de los ausentes? · Representación en juicio del Presidente · Cesión o arrendamiento de zonas comunes

La obra que aquí les presentamos, Los principios penales constitucionales, tiene un pretendido carácter práctico, al objeto de servir como herramienta profesional de consulta y de trabajo a juristas como puedan ser abogados, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, penalistas, criminólogos, constitucionalistas, y juristas en general, así como a cualquier persona interesada en estas dos apasionantes disciplinas, sin ningún tipo de exclusión.
Recordemos que los principios penales constitucionales tienen un marcado carácter universal y, como decíamos, esta monografía tiene una clara vocación práctica, dado que, además de definir teóricamente cada uno de los principios, hemos querido ejemplarizarlos con numerosos casos concretos, algunos de ellos muy llamativos y de interesante lectura, además de ofrecer numerosas referencias bibliográficas y jurisprudenciales, a nivel fundamentalmente del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y, en menor medida, de la justicia europea.
Deseamos de todo corazón a todos los lectores que disfruten de su lectura tanto o más como nosotros hemos disfrutado de su redacción, esa sería nuestra mayor satisfacción.

En esta nueva edición de la colección Casos ganados, se presentan 125 sentencias en las que el conductor de un vehículo ha sido absuelto del delito de conducción bajo la influencia de alcohol o drogas. Se incluye una gran variedad de resoluciones, desde sentencias que inciden en los elementos del tipo del delito como aquellas en las que intervienen cuestiones meramente procesales, sin olvidar las resoluciones en las que se consigue la reducción de la pena por concurrir circunstancias atenuantes o eximentes.

Tras el gran éxito de la 7.ª edición del Congreso Internacional sobre el Derecho de daños, celebrado recientemente en Madrid, el interesante programa desarrollado con asuntos de relevancia jurídica y actualidad dentro del amplio campo de la responsabilidad y el seguro, que ha sido convenientemente desglosado y analizado por los más cualificados ponentes, dirigido por el abogado experto MARIANO HERRADOR GUARDIA, se ha analizado con detalle en el libro Daño y resarcimiento, que ahora ponemos a disposición de todos los profesionales y estudiosos con el objeto de, entre otros cometidos, intervenir desde cualquiera de los aspectos que confluyen en los litigios por daños.
Estamos ante una obra (de 786 páginas, en edición especial, tapa dura, con cinco capítulos que incluyen diecisiete ponencias) que es referencia indiscutible en la materia, pues se erige en una herramienta de estudio y consulta imprescindible para todos los que pretendan tener una formación rigurosa plenamente actualizada, en busca de la mayor eficacia profesional.

Siendo la junta de propietarios el órgano superior de la comunidad en el que se han de plantear y resolver todas las cuestiones comunitarias y dónde se debe adoptar cualquier tipo de acuerdos, resulta imprescindible saber quién puede convocarla; cuáles son los requisitos necesarios; en qué plazo y cómo notificarla; quién puede asistir o votar, y cómo se deben redactar y notificar las actas. Además, aunque en principio la Ley de Propiedad Horizontal nos aclara cómo hacerlo, existe numerosa casuística al respecto, por eso y tras la publicación del monográfico La junta de propietarios. 415 preguntas y respuestas, hemos considerado de interés actualizar este interesante estudio de jurisprudencia. Ambas obras son independientes, pero resultan un complemento indispensable, dado que en ellas encontrarán tanto la respuesta de la jurisprudencia, en aquellos casos en los que se hayan pronunciado, y, en su defecto, el criterio de sepín en el estudio de todas estas cuestiones prácticas.
Este trabajo pretende ser una herramienta de trabajo imprescindible que le ayudará a encontrar la solución para cada caso concreto, tanto para argumentarlo en su propia reunión de la comunidad como en su acción judicial.
Los extractos de jurisprudencia siguen la dinámica de trabajo de sepín: se publican con un breve título que resume el contenido, lo que facilita la lectura, y se clasifican por voces y pronunciamientos, para que encontrar la solución sea una tarea rápida y sencilla, a pesar de tratarse de una recopilación de más de 900 sentencias.
Esperamos que este exhaustivo estudio le ayude a resolver todas sus dudas sobre la junta de propietarios.